La marihuana se engancha al fraude eléctrico

Los cultivos de marihuana en espacios interiores ligados a enganches ilegales a la red eléctrica crecen a un ritmo frenético en España y se están convirtiendo en un problema que desborda claramente el ámbito energético para entrar de lleno en el de la seguridad ciudadana y la salud pública, entre otros.

La irrupción de mafias cada vez más profesionalizadas y violentas, unida a los problemas de aumento de los trastornos y las adicciones en adolescentes, los riesgos de seguridad en instalaciones eléctricas para los vecinos que conviven con estas plantaciones e, incluso, los incendios que a veces provocan estos enganches ilegales, son algunas de las cuestiones clave que deben abordarse para poner solución a esta amenaza y que requerirán de un endurecimiento de las penas tanto contra el tráfico de marihuana como contra los enganches ilegales a la red eléctrica.

En España casi el 60% de los robos de luz se realizan mediante enganches ilegales, según las cifras que maneja la compañía eléctrica Endesa, siendo los más preocupantes aquellos vinculados a las plantaciones de marihuana. Durante los últimos cuatro años las cifras derivadas de este fenómeno se han duplicado, al tiempo que han aumentado los acoplamientos que permiten alimentar los cultivos interiores. Actualmente, las instalaciones ilegales indoor en España consumen unos 2.200 gigavatios/hora, lo que equivale al gasto eléctrico de toda una ciudad como Sevilla.

Sólo durante el año 2022, la filial de redes de Endesa e-distribución, recibió casi 63.000 denuncias que dieron origen a más de 21.000 inspecciones, un 75% más que el año anterior.

Para analizar la situación actual de las plantaciones de marihuana indoor y abordar los riesgos que generan en el plano económico y social EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, con el patrocinio de Endesa, organizó un encuentro con expertos en Madrid bajo el título Más allá del fraude eléctrico: consecuencias de las plantaciones ilegales de marihuana.

José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa, aseguró durante su intervención que la instalación de plantaciones ilegales bajo techo es "realmente alarmante" y que "el marco actual no favorece que vaya a mejor". A día de hoy, estos cultivos representan el 30% del fraude eléctrico total en España.

Revuelta reconoció que esta situación supone "un problema social muy relevante que conlleva riesgos brutales de seguridad". Remarcó que "el fraude mata" pues los incendios y las electrocuciones son habituales en este tipo de instalaciones.

El directivo de Endesa reflexionó también acerca de la magnitud del problema en nuestro país y de la gravedad del hecho de que, de facto, "todos los españoles estamos financiando el tráfico de marihuana hacia el norte de Europa. Es impensable que lo asumamos como sociedad cuando existen medidas a corto plazo que podrían reducirlo de forma importante".

Elena Cogollo, capitán de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, explicó que desde hace ya algunos años el Instituto Armado ha detectado un aumento en el número de incautaciones de cánnabis en plantaciones indoor y señaló que están notando un cambio de tendencia en la finalidad de los cultivos. "Al principio, la producción se enfocaba más al consumo propio, pero luego han llegado mafias cada vez más violentas y profesionalizadas que vienen desde el tráfico de cocaína. Además, socialmente, se está dando un blanqueo de la marihuana", recalcó.

La capitán advirtió que España es el país "número uno a nivel de producción de marihuana" y es el número tres por consumo en Europa. Señaló que una de las causas que impulsa su cultivo en nuestro país es que "es más barato y tiene menos riesgo que traficar con cocaína o heroína, ya que no se considera gravemente perjudicial para la salud y a nivel penal no está tan castigado". Argumentó que "con una sóla cosecha se recupera todo el dinero invertido y, encima, el 99% de las veces se enganchan ilegalmente a la luz".

María del Carmen Ballester, fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional afirmó, por su parte, que detrás de las plantaciones ilegales y los cultivos de cánnabis "hay crimen organizado".

Pedro Pablo Herraiz, presidente de la Fundación Ámbitos, apuntó en la misma línea que en los enganches ilegales "hay un factor que es el de la salud y otro que es el de la seguridad" porque esta manipulación eléctrica "tiene también consecuencias como posibles cortocircuitos o incendios".

Herraiz advirtió además sobre el impacto social que produce el consumo de marihuana en adolescentes y denunció que desde hace tiempo los casos de esquizofrenia han aumentado en edades tempranas. "Los jóvenes reciben de la sociedad que el consumo es bueno, que es un producto natural y que no puede ser como la cocaína o la heroína", enfatizó.

Endurecer penas por tráfico de drogas y por fraude eléctrico

Sobre las sanciones que se imponen por la tenencia ilícita o la producción de este tipo de drogas, María del Carmen Ballester recalcó que en el caso de la marihuana sólo conlleva una pena de uno a tres años "como mucho" y puntualizó que la mayoría de la producción de esta sustancia en España se comercializa a otros países donde "se paga hasta cinco veces más".

Por eso, desde la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional proponen una modificación judicial que aumente la responsabilidad penal por traficar con marihuana, hachís y otras drogas. Sin embargo, la fiscal Ballester admitió que existen varios problemas a este respecto, y uno de ellos es que Europa tiende a la "legalización de la marihuana".

Por su parte, la capitán Cogollo reconoció que a la Guardia Civil le "cuesta mucho investigar y demostrar que hay crimen organizado" porque, para entrar a una vivienda y poder registrarla, es necesario contar con una autorización judicial. En este sentido, la representante del Instituto Armado puso en valor la labor fundamental que realizan las compañías eléctricas para apoyar la lucha contra el fraude eléctrico en las plantaciones ilegales. "Muchas veces, si no es gracias a sus informes, la aprobación de las autorizaciones para investigar no llegaría", añadió.

Ante este panorama, los expertos se mostraron todos de acuerdo en la necesidad no sólo de endurecer las penas contra el tráfico de marihuana, sino también las dirigidas a atajar los enganches ilegales que están haciendo de acelerador de un problema que avanza a pasos agigantados en todas sus dimensiones.

Inseguridad

José Manuel Revuelta, como directivo de Endesa, expuso la "desprotección absoluta" de las compañías eléctricas ante esta situación ante el fraude eléctrico y su rápido crecimiento espoleado por el cultivo ilegal de marihuana. 

Asegura que sus trabajadores "se juegan el tipo" cada vez que intentan intervenir para acabar con el fraude. "Los trabajadores van con pasamontañas y sufren todo tipo de presiones. Las mafias de los grupos organizados violentos electrifican las puertas para defenderse y que cuando alguien entre se quede pegado", denunció.

"Desde Endesa llevamos a cabo inspecciones, detectamos, vamos con la Guardia Civil, la Policía Nacional o los Mossos, y desmantelamos, pero al poco tiempo han vuelto y continúan con la presión", lamentó el directivo de la compañía eléctrica.

Concienciación ciudadana

Ballester aseguró que la colaboración ciudadana es crucial para detectar este tipo de instalaciones, pero señaló que el problema es "quién tiene la valentía de hacerlo". 

Pedro Pablo Herraiz, por su parte, apuesta por llevar a cabo campañas de concienciación que expliquen a los jóvenes "qué efecto puede tener el consumo de esta sustancia sobre ellos". Las consecuencias de la marihuana en adolescentes, apuntó el experto, pueden llegar a ser verdaderamente graves y afectar de lleno a su desarrollo.

 Herraiz cree que el problema "no se soluciona sólo con la intervención penal". El presidente de la Fundación Ámbitos señaló que la compraventa ilegal conduce a las personas, en ocasiones, a una espiral "donde no hay salida". Quiso además mandar un mensaje de aliento a los jóvenes: "Hay vida después del último porro".

María del Carmen Ballester remarcó que no se trata únicamente de endurecer las penas, sino que hace falta más apoyo por parte de las instituciones. Afirmó que es necesario poner en marcha campañas de concienciación y recordó que "la mayoría de los ingresos del Plan Nacional contra la Droga son para la prevención".

Los expertos coincidieron en remarcar la relevancia de una actuación conjunta y coordinada, llevada a cabo por los diferentes actores sociales, económicos y políticos para combatir las plantaciones ilegales de marihuana en el interior de las viviendas y evitar las amenazas a la salud y la seguridad de los ciudadanos que cohabitan con este tipo de cultivo.